Construir y fortalecer las capacidades nacionales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de la población y la protección de los bienes jurídicos del Estado en el ciberespacio. Este es el objetivo general de la nueva Política Nacional de Ciberseguridad (PNC) de Ecuador, con la que se pretende fortalecer el compromiso del país con la seguridad cibernética.

Ciberseguridad: objetivos específicos y líneas de acción

Asimismo, el documento establece una serie de objetivos específicos y líneas de acción:

1. Promover la colaboración público-privada a nivel nacional, fomentando la confianza y generando respuestas comunes a los riesgos y amenazas del ciberespacio.
2. Potenciar las capacidades de detección, previsión, prevención y gestión de los incidentes cibernéticos, así como el manejo de crisis de ciberseguridad de manera oportuna, efectiva, eficiente y coordinada.
3. Proteger la infraestructura crítica digital del Estado ante amenazas y riesgos en el ciberespacio para garantizar su adecuado funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.
4. Resguardar la seguridad pública y ciudadana en el ciberespacio, previniendo y contribuyendo a la investigación de delitos cibernéticos, para el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas, y el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en un entorno de confianza.
5. Potenciar la diplomacia ecuatoriana en el ámbito de la seguridad cibernética por medio de los espacios de cooperación, a nivel regional e internacional, en línea con el interés nacional y la política exterior de Ecuador.
6. Generar una cultura de ciberseguridad y promover el uso responsable del ciberespacio en el país.

La seguridad en el ciberespacio, prioridad estratégica

En la presentación de la PNC, Andrés Michelena Ayala, ex-ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, observó que “la seguridad de toda la población ecuatoriana en el ciberespacio es una prioridad estratégica para el Gobierno”. Y señaló que, gracias a la nueva política, el Estado ecuatoriano podrá “generar más capacidades para identificar, monitorear, evaluar, gestionar, prevenir, mitigar y, en suma, enfrentar con éxito los riesgos y las amenazas cibernéticas”.